PRENSA Y DIFUSIÓN / Diputadas y Diputados aprobó modificaciones en el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación


El proyecto establece reformas orientadas a ordenar el trabajo del organismo. También se aprobó un crédito para iniciativas de acción climática.


04-01-2024




La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, encabezó este jueves 4 de enero la cuarta sesión extraordinaria del período 141°, durante la misma se aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación (MPA, Ley N°13.013) que comprende artículos de la norma que hacen foco en las atribuciones de la Fiscalía General.

En tanto, se dejó para febrero el análisis del resto de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo.

Ambiente

Por otra parte, se dio sanción definitiva a la autorización para que el Poder Ejecutivo tome un crédito con la Agencia Francesa para el Desarrollo por 65 millones de euros para destinarlos a iniciativas de biodiversidad para la acción climática.

La norma permitirá tomar un crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo para infraestructura para la preservación de la biodiversidad en diferentes localidades de la provincia, fomento de las áreas naturales protegidas de la provincia, ecoturismo y un proyecto integral de refuncionalización de la Granja La Esmeralda, entre otros.

Preocupación por farmacias

Además, la Cámara declaró su preocupación por las modificaciones introducidas a la ley que regula la actividad farmacéutica dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional.

Varinia Drisun, autora de la iniciativa, explicó que la nueva norma habilita la participación de las sociedades anónimas como propietarias de las farmacias, permite a las droguerías a dispensar medicamentos con receta, desregula el expendio de medicamentos de venta libre y atenta contra el rol de los profesionales farmacéuticos.

“Creemos en un proyecto sanitario bajo la premisa de que tanto los medicamentos como los bienes de salud tienen un carácter social, donde el Estado es el responsable de garantizar su acceso, desprendiéndose de la lógica impuesta por el mercado”, sentenció Drisun.


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